Las autonomías gastan en los asuntos normales de su competencia y, como a la clase política autonómica cualquier volumen de gasto le resulta insuficiente, despilfarran con abundancia en otras cuestiones para las que no están facultadas. El ejemplo perfecto de esta pasmosa facilidad para endeudar al prójimo a velocidades de vértigo en asuntos innecesarios es la cooperación internacional.
Desde que la solidaridad progre sustituyó a la caridad cristiana, los contribuyentes no ganamos para sustos, especialmente en nuestra zona más sensible: el bolsillo. Las comunidades autónomas, todas sin excepción, dedican una parte de sus presupuestos anuales a la cooperación y el desarrollo, es decir, a mantener a las agencias encargadas de encauzar todos estos recursos, que generalmente se funden a través de generosas subvenciones destinadas a financiar las miles de organizaciones no gubernamentales que tienen como principal línea de negocio la solidaridad internacional.
Quizás no resulte ocioso señalar que la constitución española (en minúsculas mientras gobierne Zapatero) establece en su artículo 149.1.3 la competencia exclusiva del estado en materia de relaciones internacionales. Es lo normal, claro, pues se entiende que las relaciones con los demás países, incluso las que se sustancien apelando a ese vago concepto de la solidaridad, han de ser gestionadas por un único departamento, con el fin de dotar de la necesaria unidad a una parte tan importante de la política de cualquier país.
Oiga, pues en España tenemos 18 ministerios de Asuntos Exteriores: uno caracterizado como tal y diecisiete más distribuidos por toda la geografía patria, para que los dirigentes autonómicos hagan frecuentes viajes al extranjero fungiendo de primeros ministros de sus respectivos terruños.
Al mantenimiento de las pseudoembajadas que toda autonomía que se precie mantiene en diversos países e instituciones internacionales hay que sumar el dispendio alocado que supone la concesión de abultadas subvenciones a proyectos de cooperación internacional gestionados por las inevitables ONGD. Como si no fuera suficiente la monstruosa cantidad de dinero que el Ministerio de Exteriores dilapida en forma de ayuda internacional a través de esas mismas ONGD, las diecisiete autonomías que forman el estado español replican a su vez tal labor financiando a las corporaciones solidarias de sus pequeños territorios.
Por otra parte, es curioso cómo, al margen del partido que gobierne, las administraciones españolas mimetizan la caspa progre espolvoreada sobre las distintas denominaciones incluidas en la agenda política de la izquierda. Los órganos administrativos autonómicos dedicados a la "política exterior" (sic) ahora son agencias autonómicas para la cooperación y el desarrollo, y las clásicas ONG de toda la vida ahora han incluido una letra D, de desarrollo, al final de su sigla; tanto unas como otras incluyen como aspecto relevante de sus intervenciones económicas fuera de nuestras fronteras la igualdad y la perspectiva de género, hasta el punto de que en la mayoría de los casos se convierten en factores decisivos para determinar la cuantía de la pasta que pretenden despilfarrar.
No hay tampoco comunidad autónoma gobernada por el centro-reformismo que carezca de la preceptiva unidad administrativa dedicada a la igualdad: en unos casos, una dirección general; en otros, más nervudos, encaraman a la susodicha a la denominación oficial de toda una consejería. Como siempre, la izquierda manda y el centro-reformismo obedece, mientras los ciudadanos anónimos pagamos la fiesta de todos ellos. Es la misma desgracia de cualquier otro país socialdemócrata, sólo que multiplicada por diecisiete. Chulos que somos.