Reforma del Código Penal: otra oportunidad perdida

El Consejo de Ministros aprobó la primera quincena de noviembre una nueva reforma del código llamado "de la democracia", en la que se insiste en que el objetivo es que no haya resquicios para la impunidad, con lo cual ya se admite que ha seguido habiéndolos.

 

Para algunos votantes del Gobierno, este parche consensuado hace el Código más duro, por la elevación de las penas. La vicepresidenta De la Vega y el ministro Bermejo lo presentaron poniendo el acento en las nuevas disciplinas para terroristas y delincuentes sexuales, así como en las insólitas medidas post-delictuales.

 

Lo primero que cabe destacar es que, aunque por parte del legislador se ha venido defendiendo que no es bueno legislar a golpe de titular, esta reforma ha estado especialmente motivada por acontecimientos que han conmocionado a la opinión pública, es decir, por los titulares más gruesos. O sea, que respiran de una manera pero actúan de otra.

 

Los acontecimientos han sido de los que hacen salir ronchas: la insolencia del terrorista De Juana queriendo vivir junto a sus víctimas –tal y como hace el etarra cristalero, Cándido Aspiazu–, las prescripciones que han librado de la cárcel a los Albertos, los asaltos a chalés que han revelado la existencia de asociaciones transitorias para delinquir, los delitos sexuales que acaban en asesinato, como el que tuvo por víctima a la pequeña Mari Luz... A consecuencia de todo ello, y de otros noticiones de amarga memoria, se decide "libertad vigilada para violadores y terroristas que puede ser de hasta 20 años", con medidas especiales como la exigencia de que el condenado esté localizable, no se acerque a sus víctimas ni viva en su entorno y sea objeto de seguimiento con dispositivos electrónicos.

 

Lo primero que viene a las mientes es que si hay algún individuo merecedor de hasta 20 años de "libertad vigilada" será porque lo han convertido en una especie de monstruo después de cumplir condena, con lo cual mejor dejarlo dentro de la cárcel y, en vez de imponer esta tontada con patas, establecer la condena perpetua revisable, que es más racional, barata y fácil de aplicar. El individuo está condenado, se revisa su situación y sólo sale si lo merece. Pero, corto y obcecado, el Gobierno acaba de inventar la "libertad vigilada perpetua", que debería ser inconstitucional, porque es como la de toda la vida pero con publicidad, a la vista de todo el mundo.

 

La segunda aportación también se las trae. Habla de que los delitos de terrorismo más graves –es decir, aquellos con resultado de muerte, lesiones graves o secuestros– no prescribirán. Bueno, y ya que estamos, ¿por qué si te secuestran, hieren o matan individuos no terroristas sí prescriben esos delitos? Cosas como éstas hacen pensar que quienes han preparado la reforma no son juristas de verdad, o no han terminado la carrera. ¿Es posible que se haya encargado el proyecto a becarios? ¿Habrá hecho las modificaciones el ministro Bermejo a solas con sus hombres de mayor confianza? ¿Lo habrá encargado a un think tank ajeno al ministerio? ¿Y dónde habrá encontrado mentes tan retorcidas?

 

En países con una tradición democrática mayor que la nuestra, y de indudable liberalismo cívico, los delitos de sangre no prescriben. Un asesino en serie no debería librarse de sus crímenes por el mero hecho de que pasen veinte años, que no son nada. Pues ahora que se ha tenido la oportunidad de mejorar, se permite que un chorizo te mate y no pague si consigue esconderse durante dos décadas.

 

En el capítulo de delitos contra la libertad sexual procede tipificar prácticas como la captación de menores para espectáculos porno o la utilización de los servicios de las prostitutas. En otro orden de cosas, se acepta que cargue contra la "asociación delictiva transitoria", es decir, que el mero hecho de conformar un grupo para delinquir sea considerado un delito. Tampoco parece fuera de lugar la persecución de la piratería, la de los barcos, con una pena de entre diez y quince años de prisión. Al tiempo, se prevé la persecución de la trata de seres humanos, con penas de entre cinco y ocho años.

 

La reforma se ocupa también de la corrupción entre particulares, y castiga a directivos y empleados que ofrezcan o acepten sobornos. Se elevan las penas por cohecho: un mínimo en tres años de prisión para los funcionarios que reciban o soliciten retribuciones o dádivas… Y sin que venga mucho a cuento se incluye una sorpresa: los delitos fiscales contra la Hacienda Pública ya no prescriben a los cinco años, sino a los diez. Entonces a algunos les entra un resquemor: ¡a ver si la auténtica reforma era esto!

 

Hay buenas intenciones, como cuando se anuncia que se perseguirá a las autoridades y funcionarios que silencien las infracciones urbanísticas, mientras que el toque de modernidad lo encontramos en los dominios de la informática: se castiga el borrado, dañado, deterioro, alteración, supresión o inutilización de datos o programas ajenos. En el mundo laboral, conviene destacar la penalización, con penas que van de los seis meses a los dos años de cárcel, del acoso psicológico.

 

Con todo, la impresión general es que se trata de otra oportunidad perdida: en vez de haber revisado correctamente el Código Penal, se lo ha parcheado, con elementos a veces extravagantes. Si no fuera por la Doctrina Parot, los peores delincuentes sólo cumplirían una media de entre quince y dieciséis años efectivos incluso con este nuevo apaño.

 

Aunque se legisla de improviso, a golpe de emoción, no es posible que las víctimas se emocionen, pero sí que se decepcionen.