
Liaño inició sus investigaciones bajo el supuesto constitucional de que todos los españoles somos iguales ante la ley, incluidos Polanco y Cebrián, atrevimiento inédito hasta la fecha en nuestra judicatura, pionera en implantar la curiosa doctrina bacigalupiense, según la cual no se puede investigar a ningún referente moral de la izquierda, porque eso le "estigmatizaría". En cambio, a los jueces que se atreven a procesar a los poderosos sí conviene llenarlos de estigmas (de nuevo la teología), para que sirva de público escarmiento.
El juez Gómez de Liaño sufrió a lo largo de la instrucción del caso Sogecable un calvario mayor de lo que muchos hubieran aceptado soportar. Desayunarte una mañana leyendo en el principal diario español una catarata de insultos contra tu mujer es como para presentarte en la redacción y organizar una eucaristía repartiendo obleas a diestra y siniestra. Eso, sin contar que al final quien fue procesado y condenado no fue el supuesto delincuente, sino el juez que intentó investigar si se había cometido algún delito que la justicia debiera conocer. Los medios de izquierda celebraron por todo lo alto, faltaría más, esta perversión del sistema como un triunfo de la justicia, mientras el resto de periódicos, radios y televisiones (con heroicas excepciones) se limitó a reseñar el dato y mirar prudentemente hacia otro lado, en aras de la moderación.

Las reacciones a la sentencia de Estrasburgo definen muy bien la categoría moral de unos y otros. El juez condenado injustamente por un tribunal contaminado se alegra de que se haya corregido "un error judicial". En cambio, quienes le asesinaron civilmente publican un folio infame, lleno de rabia, donde insisten en calificarle de delincuente. Al menos, esta vez se han ahorrado los insultos a su esposa, aunque como los editoriales del diario El País salen siempre con unos días de retraso no es descartable que este fin de semana corrijan el desliz. Sería el broche adecuado, muy en la línea del referente intelectual del progresismo destepaís.
Da un poquito de vergüenza, la verdad, vivir en un país cuya justicia se rinde al poderoso mientras destruye al juez honrado que pretende aplicar la ley a todos por igual. El sobreentendido de que hay políticos y financieros que gozan de inmunidad penal por su posición o sus altas amistades es una puñalada al Estado de Derecho que debería escandalizar a todo el mundo, no sólo a Libertad Digital y a la COPE; pero así está el patio, lleno de ovejas temerosas de dar un balido más alto que otro, no sea que el pastor prisaico ordene su envío al matadero.
En todo caso, enhorabuena, Señor Juez.