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CRÓNICA NEGRA

"Niños jurídicos"

El sistema de represión de la delincuencia infantil y juvenil en España está equivocado. Es posible que también lo esté en otros países, pero en el nuestro no da pie con bola. Vive de la fantasía, y los resultados son catastróficos.

El sistema de represión de la delincuencia infantil y juvenil en España está equivocado. Es posible que también lo esté en otros países, pero en el nuestro no da pie con bola. Vive de la fantasía, y los resultados son catastróficos.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
Cito cifras del Instituto Nacional de Estadística para recordar que en cinco años (1999-2003) los delitos cometidos por menores se han multiplicado por tres, y que más del 50% de las fechorías cometidas las llevan a cabo jóvenes que no han nacido en el territorio nacional. Son datos que ponen de relieve la magnitud del problema.
 
La entrada en vigor de la Ley del Menor, disparatada e injusta, que es lo peor que puede ser una ley, se produjo en 2001, por lo que no tiene la culpa de todo, pero su funcionamiento ha venido a agravar las cosas. Entre los menores delincuentes produce un innegable efecto que ni ayuda a su educación ni los disuade de la violencia.
 
Pero lo más importante es establecer que el sistema está equivocado, básicamente, porque establece una desacertada legislación para menores delincuentes: los mete en una especie de campana de cristal hasta la mayoría de edad y aprenden que hay una ley blanda: si un adulto mata cumplirá 20 años, pero si lo hace un joven de 17 –que matan con intolerable frecuencia– sólo llegará a cumplir diez de reclusión, con comodidades y atenciones.
 
Para que vean la diferencia, y según datos del Defensor del Pueblo: en las cárceles un recluso viene a costar 500 pesetas diarias; un menor, en uno de esos centros especiales "de cinco barrotes", cuatro veces más. O sea, que el sistema es malo y caro. Además, para los "niños jurídicos", la condena puede quedarse a la mitad, lo que hace que el delincuente crezca pensando que puede hacer lo que quiera porque siempre le saldrá barato. Es una razón para robar, violar, herir y matar, en una sociedad que no sabe cómo prevenir la violencia ni reconducir a los violentos. Tal vez la prueba más evidente sea la fuga de El Asesino de la Katana de su excelente centro de reclusión: se fugó en cuanto pudo, quizá porque ni siquiera a él convencen lo métodos de reinserción.
 
La Ley del Menor es también mala porque, desde su concepción, nunca pensó en las víctimas. Ni en ellas ni en sus padres, hermanos o abuelos. Fue siempre una ley de laboratorio que no tuvo en cuenta las necesidades reales. Una prueba sin gaseosa pergeñada con aires de falsa progresía que incluso convenció a diputados de derechas, normalmente inclinados a fortalecer la seguridad por encima del confort de los delincuentes, tengan la edad que tengan.
 
Armand Saiia: SCALE OF INJUSTICE.El sistema que da paso a leyes como ésta, que establece medidas correctoras para delitos graves que dan risa si no son trágicas, está equivocado porque la realidad indica que los jóvenes tironeros, sirleros, violadores, aluniceros y alucinados crecen pensando que su minoría de edad los hace invulnerables. Lo lógico, lo adecuado, sería que hubiera una única ley: "Quien matare, pagará con veinte años de reclusión…", y que sólo varíe el modo de aplicarla de acuerdo con la edad mental. Es decir, que se emplee teniendo en cuenta los atenuantes y la auténtica capacidad del actor; pero no nos engañemos: bajo la advocación general de "el que la hace, la paga", lo que precisa del correspondiente peritaje psicológico.
 
Un solo Código Penal y diferente aplicación. No una legislación especial que impida asimilar el respeto a la integridad y la vida de las personas desde que se tiene uso de razón.
 
La Ley del Menor no es buena, aunque el ministro diga lo contrario. Es mala desde el primer momento, y lo prueba el hecho de que tuvo que ser parcheada y recauchutada muy al principio –¿desde cuándo es bueno lo que se tiene que cambiar nada más salir?–; incluso el que el actual ministro piense en una nueva reforma, que será otro parche más, en un momento en que se acelera y agrava la delincuencia juvenil. Aquí no tenemos todavía los niveles de criminalidad del asesino de diez años, como en otros países desarrollados, pero a este ritmo pronto la alcanzaremos, y los ensayos jurídicos agravan la situación.
 
La ley en vigor no tiene ningún efecto disuasorio, y están por ver sus efectos correctores. Mientras, los padres de los violados y asesinados claman en el desierto. O peor, según denuncia María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, asesinada por miembros de la "Banda del Chupete": a veces se les dice una cosa y se hace otra muy distinta. La ley permite que los condenados puedan estar en centros especiales hasta los 25 años, cuando ya no son menores. Es decir, que, en su ambigüedad, no se respeta a sí misma y se aplica a mayores y menores. La madre de la víctima salió de su entrevista con el poder convencida de que sería atendida su petición de corregir tanto disparate, de que los autores de delitos graves pasen a la cárcel cuando cumplan los 18. Sin embargo, la reforma que se anuncia deja en manos del juez esta decisión, que no era lo acordado.
 
En un país donde pronto los chicos de 17 años podrán conducir vehículos a motor, donde se discute si se debe rebajar a los 16 la edad del derecho al voto, donde a los 16 pueden emanciparse, casarse, testificar y trabajar legalmente, donde a los 14 puede otorgarse testamento y a los 13 mantener relaciones sexuales consentidas, ¿por qué el empeño en seguir considerando "niños jurídicos" a los "asesinos precoces"? Por cierto, que la Justicia se quite la venda: ya sabemos que no es ciega.
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