Los que concurrían a las elecciones autonómicas y han conseguido plaza aunque sea en la oposición están contentísimos y sus familias, tremendamente orgullosas de ellos. La tragedia ocurre en los ayuntamientos, porque, salvo en las grandes capitales, el puesto de concejal opositor no devenga un salario más allá de las tristes indemnizaciones por asistencia a los plenos, a razón de no más de uno por mes.
Un drama esto de que te quiten la alcaldía; pero la situación es todavía peor, porque junto con el bastón de mando para acompañar al patrón en su romería anual se pierde también el derecho a usar el sello de "Aprobado" de la concejalía de urbanismo, el verdadero Santo Grial por el que todos los candidatos empeñan su vida.
Es una gran injusticia que los miembros de la oposición en los parlamentos autonómicos dispongan de un sueldo idéntico al de los integrantes de la lista ganadora, mientras que los que calientan bancada en los salones de plenos tienen que conformarse con las migajas de unas tristes dietas que no dan ni para cambiar de pareja sentimental, llegado el caso.
¿Es más importante la labor de los parlamentos autonómicos? Por supuesto que no. De hecho, hoy mismo podrían desaparecer las diecisiete cortes de la señorita Pepis existentes en España y nadie apreciaría la diferencia. Es decir, nadie excepto los mil y pico oficiantes, que trincan al mes una pastizara por acudir dos días al trabajo y cuya economía sí se resentiría si perdieran su modus vivendi. En cambio, los ayuntamientos cumplen una elevada función, muy cercana a las necesidades del ciudadano, que no se ve correspondida en las retribuciones que perciben los que ejercen de oposición.
Se da la circunstancia agravante de que el desastre electoral ha afectado al Partido Socialista, cuya gestión de los fondos públicos es muy particular. Como el socialismo pretende que el partido, la administración y la sociedad son todo una misma cosa, los cargos socialistas tienen la costumbre de manejar el dinero público de forma tal, que la línea que separa los distintos ámbitos se convierte en imperceptible. Si hace falta dinero para el partido, se coge del ayuntamiento, y si a la sobrina del concejal de festejos la ha dejado el cretino de su marido y ahora necesita un trabajo, pues se la coloca de conserje en la casa de cultura junto a los otros veintitrés bedeles con plaza fija ya existentes en la institución cultural señera de ese municipio de 1.500 habitantes. Lo importante es solucionar problemas sociales con lo que se saca de los impuestos que pagan los fachas, que para eso están.
Ahora que el Partido Popular ha arrasado prácticamente en toda España –no en Puerto Hurraco, pedanía de Benquerencia de la Serena–, los nuevos equipos de gobierno van a entrar en los despachos consistoriales como los exploradores europeos del siglo XIX lo hacían en la jungla africana; pero en lugar de machetes de grandes proporciones blandirán "auditorías de infarto", por utilizar la famosa frase del hermano de Mienmano, que esta vez corre el riesgo tener una aplicación literal.
A la tragedia familiar de haber perdido un cargo político ejecutivo con los haberes correspondientes se suma la zozobra del resultado de esas auditorías anunciadas, que en el caso de Sevilla pueden convertirse en todo un best seller, al menos en el apartado gastronómico: los concejales comunistas se han revelado unos auténticos virtuosos en lo que se refiere al manejo de los crustáceos decápodos, indómitos donde los haya y muy difíciles de reducir si no se es un experto en la lucha cuerpo a cuerpo.
Pero para eso hay que examinar primero la caja (en el caso de que los socialistas no se la hayan llevado también), porque igual ni siquiera hay fondos para pagar los honorarios de los auditores y nos quedamos sin conocer las formas presumiblemente tan imaginativas con que los anteriores gestores han arruinado a España entera. No sería nada raro. Ya saben, los socialistas, que piensan en todo.