Los agentes de policía siempre han gozado del respeto de los ciudadanos. Ni siquiera los peores gángsteres de cuando la Ley Seca quisieron saber nada de dañar o matar policías.
Encontramos la enésima prueba del deterioro que está sufriendo la seguridad en nuestro país en ese brote de guerrilla urbana de Pozuelo que llevó a una panda de jóvenes a intentar el asalto de una comisaría, algo propio de anarquistas en terapia. Ocurrió en un municipio rico, acostumbrado a los excesos de los hijos de papá pero hasta ahora curado de este otro espanto. Asaltar una sede policial no es cualquier cosa: no queda otra que descubrir ahí una ideología de subversión y odio al orden establecido; delata igualmente una debilidad de las políticas del gobierno y una pérdida de prestigio de las instituciones.
Los conductores levantaban el pie del acelerador si adivinaban en la lejanía una moto de la Guardia Civil. Cualquier destello verde oliva ponía en alerta al conductor, que disimulaba los nervios poniéndose a silbar. Si la Guardia Civil te daba el alto, te acordabas del señor Bloom de Joyce, que llevaba siempre encima un billete de autobús para poder decir que a la hora del crimen él estaba de viaje. El peso policial se hacía sentir en una sociedad que mantenía a raya el crimen y la delincuencia, hoy en franca rebeldía y fuera de control.
El otro día, un grupo de vándalos atacó el cuartel de la Guardia Civil del barrio de Los Montecillos de Dos Hermanas (Sevilla), Fort Apache asediado por los indios. Daban ganas, al ver las imágenes de televisión, de pedir al ministro que sacara de allí a la Benemérita, incrustada en un territorio saturado de droga.
Un grupo de delincuentes tiraban piedras contra el cuartel, y en el momento en el que varios agentes fueron a reclamarles que cesaran en su actitud, procedieron a atacar. Uno de los agentes fue agredido con un palo: salió con traumatismo craneoencefálico. A un compañero que acudió a ayudarle le acuchillaron y dejaron herido grave.
En el ataque participaron entre 40 y 50 personas, se cree que vecinos de la barriada. No es la primera vez que las fuerzas del orden son agredidas en el lugar: en abril, una patrulla fue atacada cuando trataba de detener a una mujer sospechosa de narcotráfico.
Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional, que está tratando de identificar a los agresores, sobre los que debe recaer todo el peso de la ley.
Sólo unas horas después, en Cabezón de la Sal, Cantabria, la Policía Municipal evitó in extremis que su comisaría fuera pasto de las llamas: logró sofocar el incendio provocado del recinto.
Este tipo de actos dan cuenta de la gran pérdida de afecto y respeto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que tantas veces nos libran de robos o de las peores consecuencias de una inundación, por sólo poner un par de ejemplos. Por otro lado, revelan el endurecimiento de los delincuentes; por cierto, si éstos consiguen tener a los policías ocupados en la defensa de sus comisarías, tendrán mucho más fácil manejarse con completa impunidad en el ámbito de la distribución de drogas.
¿Quién ha levantado la veda contra agentes y guardias? Quien quiera que sea, ha puesto la Ley en el objetivo de los jóvenes más insensatos. Policías y guardias civiles deben recuperar el control de las calles, y aquí no valen componendas. No cabe la opción de retirarse a los cuarteles y las comisarías, pues eso significaría dejaría a los ciudadanos en manos del crimen organizado.
Por tanto, el poder debería reaccionar con contundencia y reclamar de la judicatura que aplique los supuestos más extremos de represión y reclusión. Con las fuerzas del orden no se juega, y si los que mandan permiten que las atropellen en las barriadas conflictivas, deben saber que lo siguiente será el colapso social y el imperio del Mal.
En Pozuelo, en Sevilla, en Cabezón de la Sal, es urgente que recuperen el brillo el charol de la guardia civil y la gorra de plato de los municipales. En la democracia, la policía es, necesariamente, nuestra amiga.
Encontramos la enésima prueba del deterioro que está sufriendo la seguridad en nuestro país en ese brote de guerrilla urbana de Pozuelo que llevó a una panda de jóvenes a intentar el asalto de una comisaría, algo propio de anarquistas en terapia. Ocurrió en un municipio rico, acostumbrado a los excesos de los hijos de papá pero hasta ahora curado de este otro espanto. Asaltar una sede policial no es cualquier cosa: no queda otra que descubrir ahí una ideología de subversión y odio al orden establecido; delata igualmente una debilidad de las políticas del gobierno y una pérdida de prestigio de las instituciones.
Los conductores levantaban el pie del acelerador si adivinaban en la lejanía una moto de la Guardia Civil. Cualquier destello verde oliva ponía en alerta al conductor, que disimulaba los nervios poniéndose a silbar. Si la Guardia Civil te daba el alto, te acordabas del señor Bloom de Joyce, que llevaba siempre encima un billete de autobús para poder decir que a la hora del crimen él estaba de viaje. El peso policial se hacía sentir en una sociedad que mantenía a raya el crimen y la delincuencia, hoy en franca rebeldía y fuera de control.
El otro día, un grupo de vándalos atacó el cuartel de la Guardia Civil del barrio de Los Montecillos de Dos Hermanas (Sevilla), Fort Apache asediado por los indios. Daban ganas, al ver las imágenes de televisión, de pedir al ministro que sacara de allí a la Benemérita, incrustada en un territorio saturado de droga.
Un grupo de delincuentes tiraban piedras contra el cuartel, y en el momento en el que varios agentes fueron a reclamarles que cesaran en su actitud, procedieron a atacar. Uno de los agentes fue agredido con un palo: salió con traumatismo craneoencefálico. A un compañero que acudió a ayudarle le acuchillaron y dejaron herido grave.En el ataque participaron entre 40 y 50 personas, se cree que vecinos de la barriada. No es la primera vez que las fuerzas del orden son agredidas en el lugar: en abril, una patrulla fue atacada cuando trataba de detener a una mujer sospechosa de narcotráfico.
Los hechos están siendo investigados por la Policía Nacional, que está tratando de identificar a los agresores, sobre los que debe recaer todo el peso de la ley.
Sólo unas horas después, en Cabezón de la Sal, Cantabria, la Policía Municipal evitó in extremis que su comisaría fuera pasto de las llamas: logró sofocar el incendio provocado del recinto.
Este tipo de actos dan cuenta de la gran pérdida de afecto y respeto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que tantas veces nos libran de robos o de las peores consecuencias de una inundación, por sólo poner un par de ejemplos. Por otro lado, revelan el endurecimiento de los delincuentes; por cierto, si éstos consiguen tener a los policías ocupados en la defensa de sus comisarías, tendrán mucho más fácil manejarse con completa impunidad en el ámbito de la distribución de drogas.
¿Quién ha levantado la veda contra agentes y guardias? Quien quiera que sea, ha puesto la Ley en el objetivo de los jóvenes más insensatos. Policías y guardias civiles deben recuperar el control de las calles, y aquí no valen componendas. No cabe la opción de retirarse a los cuarteles y las comisarías, pues eso significaría dejaría a los ciudadanos en manos del crimen organizado.
Por tanto, el poder debería reaccionar con contundencia y reclamar de la judicatura que aplique los supuestos más extremos de represión y reclusión. Con las fuerzas del orden no se juega, y si los que mandan permiten que las atropellen en las barriadas conflictivas, deben saber que lo siguiente será el colapso social y el imperio del Mal.
En Pozuelo, en Sevilla, en Cabezón de la Sal, es urgente que recuperen el brillo el charol de la guardia civil y la gorra de plato de los municipales. En la democracia, la policía es, necesariamente, nuestra amiga.