Los expertos que han formado parte del estudio consideran que no hay razones científicas para seguir financiando con dinero público los tratamientos homeopáticos, dada su absoluta carencia de validez terapéutica demostrable.
La frase final del trabajo no puede ser más contundente: más allá de cuestiones éticas, y de la integridad de la relación médico-paciente, "recetar sólo placebos es practicar mala medicina".
Sorprende la crudeza del informe si se tiene en cuenta que el Estado británico apenas invierte 173.000 euros anuales en este tipo de remedios: una minúscula porción del presupuesto sanitario, para unos; un derroche innecesario para quienes creen que un producto homeopático no es más que agua.
La noticia llega en un momento en el que en España se hacen esfuerzos ímprobos por regular la práctica de las llamadas medicinas alternativas. Y se hace, como tantas otras cosas, desde el marasmo y la confusión propios de nuestro endemoniado sistema sanitario. La comisión encargada de validar el uso de estas técnicas terapéuticas está formada por el Ministerio de Sanidad, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitaria y 14 comunidades autónomas. Todos ellos deben pensar qué hacer con los más de 60.000 profesionales de la salud que practican en nuestro país algún tipo de terapia no oficial, desde la acupuntura, el yoga o la reflexología hasta el reiki y la homeopatía.
Este tipo de perfiles profesionales nada en la indefinición desde tiempos inmemoriales. Bajo la etiqueta de terapeuta, uno puede encontrarse igual a un médico cirujano convencido de las bondades de la acupuntura que a un técnico sin preparación médica oficial que dice aliviar docenas de males aplicando flores de Bach o masajeando la planta de los pies. En 2007 la Generalidad catalana trató de poner orden en el caos mediante un decreto sobre naturopatía, homeopatía acupuntura, quiromasaje y otras técnicas. Para practicarlas se exigía solamente un título de Formación Profesional. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a los médicos oficiales, que reclaman que las prácticas terapéuticas sean de la exclusiva competencia de los titulados.
El único camino seguro para curar a los enfermos es la ciencia. Y para que no haya ninguna duda de que las acciones terapéuticas se realizan con conocimiento científico es necesario estudiar Medicina. La realidad es que, hoy por hoy, convertirse en sanador es tan fácil como acudir al ayuntamiento de turno y pedir una licencia para abrir un local parasanitario.
Para el paciente el lío es fenomenal, habida cuenta de que hay médicos que abrazan esas otras vías médicas y médicos que las condenan por absolutamente ineficaces.
La literatura científica ha dictado sentencia en muchas ocasiones: hay una aplastante mayoría de estudios que certifican que la bondad de la homeopatía, la reflexología y el reiki no va más allá de la de cualquier placebo. Poner nuestra salud en manos de una persona que sólo pretende curarnos con estas prácticas y que además carece de conocimientos universitarios en fisiología o anatomía es una solemne estupidez.
Pero es a nuestro Ministerio de Sanidad al que corresponde poner el cascabel al gato. Sesenta mil profesionales, a los que acude al menos una vez en su vida el 25 por 100 de la población española, es un mercado demasiado goloso como para esperar valentía. ¡Si al menos tuviéramos comités como el británico!
La frase final del trabajo no puede ser más contundente: más allá de cuestiones éticas, y de la integridad de la relación médico-paciente, "recetar sólo placebos es practicar mala medicina".
Sorprende la crudeza del informe si se tiene en cuenta que el Estado británico apenas invierte 173.000 euros anuales en este tipo de remedios: una minúscula porción del presupuesto sanitario, para unos; un derroche innecesario para quienes creen que un producto homeopático no es más que agua.
La noticia llega en un momento en el que en España se hacen esfuerzos ímprobos por regular la práctica de las llamadas medicinas alternativas. Y se hace, como tantas otras cosas, desde el marasmo y la confusión propios de nuestro endemoniado sistema sanitario. La comisión encargada de validar el uso de estas técnicas terapéuticas está formada por el Ministerio de Sanidad, la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitaria y 14 comunidades autónomas. Todos ellos deben pensar qué hacer con los más de 60.000 profesionales de la salud que practican en nuestro país algún tipo de terapia no oficial, desde la acupuntura, el yoga o la reflexología hasta el reiki y la homeopatía.
Este tipo de perfiles profesionales nada en la indefinición desde tiempos inmemoriales. Bajo la etiqueta de terapeuta, uno puede encontrarse igual a un médico cirujano convencido de las bondades de la acupuntura que a un técnico sin preparación médica oficial que dice aliviar docenas de males aplicando flores de Bach o masajeando la planta de los pies. En 2007 la Generalidad catalana trató de poner orden en el caos mediante un decreto sobre naturopatía, homeopatía acupuntura, quiromasaje y otras técnicas. Para practicarlas se exigía solamente un título de Formación Profesional. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a los médicos oficiales, que reclaman que las prácticas terapéuticas sean de la exclusiva competencia de los titulados.El único camino seguro para curar a los enfermos es la ciencia. Y para que no haya ninguna duda de que las acciones terapéuticas se realizan con conocimiento científico es necesario estudiar Medicina. La realidad es que, hoy por hoy, convertirse en sanador es tan fácil como acudir al ayuntamiento de turno y pedir una licencia para abrir un local parasanitario.
Para el paciente el lío es fenomenal, habida cuenta de que hay médicos que abrazan esas otras vías médicas y médicos que las condenan por absolutamente ineficaces.
La literatura científica ha dictado sentencia en muchas ocasiones: hay una aplastante mayoría de estudios que certifican que la bondad de la homeopatía, la reflexología y el reiki no va más allá de la de cualquier placebo. Poner nuestra salud en manos de una persona que sólo pretende curarnos con estas prácticas y que además carece de conocimientos universitarios en fisiología o anatomía es una solemne estupidez.
Pero es a nuestro Ministerio de Sanidad al que corresponde poner el cascabel al gato. Sesenta mil profesionales, a los que acude al menos una vez en su vida el 25 por 100 de la población española, es un mercado demasiado goloso como para esperar valentía. ¡Si al menos tuviéramos comités como el británico!