El sumario del caso Gürtel, con el relato minucioso del contexto en que los implicados celebraban sus reuniones de trabajo, nos ofrece una clara perspectiva de su nivel ético-higiénico. Y es que, para andar en pelotas en una habitación con otros caballeros, aunque sea acompañados de esbeltas señoritas de origen eslavo, hay que ser bastante marrano y un poquito maricón, dicho sea de paso y sin ánimo de ofender. Apoyar el trasero in albis en el sofá de escay típico de esos meublés, sin saber quién lo ha utilizado antes y en qué circunstancias, es casi tan peligroso como sufrir un corte repentino de fluido eléctrico, con la desorganización consiguiente y la posibilidad de que se produzcan errores de puntería, siempre tan lamentables.
Pero como los corruptos vocacionales lo suelen ser en todos los ámbitos de la vida, el gurtélido acepta gustoso el riesgo, siempre que la factura de la fiesta la pague el contribuyente, que para eso está. Convendría que las investigaciones judiciales aclararan el coste de los servicios prestados por esas virtuosas profesionales venidas del Este, porque de los comentarios de Don Vito se desprende un alto nivel de prestaciones, y eso no resulta barato ni siquiera en tiempos de recesión económica.
Queremos saber cuánto nos cuestan las niñas del Choco, y, de paso, el grado de satisfacción de los clientes, no sea que hayan recibido un servicio lamentable y haya que acusarlos además de malversación de fondos públicos. Si el resto de los ciudadanos tenemos que pagar, pagamos, pero al menos que la calidad del producto esté acorde con el precio. Es más, queremos que Conde Pumpido, ahora que ha decidido que el chivatazo del bar Faisán no merece su atención, ordene hacer públicas las imágenes que seguramente guardan los implicados en sus ordenadores (el hortera guarda siempre documentos gráficos de sus hazañas inguinales), para comprobar por nosotros mismos si es cierta la tesis de Don Vito de que se trataba de "unas tías impresionantes".
En cuanto a Esperanza Aguirre, se ha convertido una vez más en la peor enemiga del gurtelismo rampante, partidaria como es de legalizar el segundo oficio más antiguo del mundo (el primero es el de sindicalista liberado), para que quien lo ejerza cotice debidamente a la hacienda pública y la seguridad social. Porque lo bonito de que los políticos y allegados utilicen estos servicios es que se pagan de forma opaca: si tuvieran que entregar al día siguiente una factura normalizada al interventor municipal, las fiestas entre correligionarios y proveedores del partido perderían el encanto de lo clandestino.
Los contribuyentes exigimos que en los presupuestos oficiales de las administraciones públicas se incluya una partida finalista dedicada a financiar el puterío de sus titulares, en lugar de estar incluido en ese concepto ambiguo denominado gastos de representación. Queremos que nuestros munícipes y dirigentes de los partidos políticos, todos ellos financiados con cargo a nuestro bolsillo, acepten únicamente la colaboración profesional de empresas especializadas mediante el preceptivo concurso público, que aparezcan en los boletines oficiales los anuncios de contratación pública para la prestación de estos servicios, siempre necesarios, y se aplique la legislación vigente en materia de contratos del Estado. Que no es por no pagar, insisto, sino por elevar la dignidad de una práctica tan necesaria como vilipendiada a causa del oscurantismo con que se realiza hasta ahora.
Pero como los corruptos vocacionales lo suelen ser en todos los ámbitos de la vida, el gurtélido acepta gustoso el riesgo, siempre que la factura de la fiesta la pague el contribuyente, que para eso está. Convendría que las investigaciones judiciales aclararan el coste de los servicios prestados por esas virtuosas profesionales venidas del Este, porque de los comentarios de Don Vito se desprende un alto nivel de prestaciones, y eso no resulta barato ni siquiera en tiempos de recesión económica.
Queremos saber cuánto nos cuestan las niñas del Choco, y, de paso, el grado de satisfacción de los clientes, no sea que hayan recibido un servicio lamentable y haya que acusarlos además de malversación de fondos públicos. Si el resto de los ciudadanos tenemos que pagar, pagamos, pero al menos que la calidad del producto esté acorde con el precio. Es más, queremos que Conde Pumpido, ahora que ha decidido que el chivatazo del bar Faisán no merece su atención, ordene hacer públicas las imágenes que seguramente guardan los implicados en sus ordenadores (el hortera guarda siempre documentos gráficos de sus hazañas inguinales), para comprobar por nosotros mismos si es cierta la tesis de Don Vito de que se trataba de "unas tías impresionantes".En cuanto a Esperanza Aguirre, se ha convertido una vez más en la peor enemiga del gurtelismo rampante, partidaria como es de legalizar el segundo oficio más antiguo del mundo (el primero es el de sindicalista liberado), para que quien lo ejerza cotice debidamente a la hacienda pública y la seguridad social. Porque lo bonito de que los políticos y allegados utilicen estos servicios es que se pagan de forma opaca: si tuvieran que entregar al día siguiente una factura normalizada al interventor municipal, las fiestas entre correligionarios y proveedores del partido perderían el encanto de lo clandestino.
Los contribuyentes exigimos que en los presupuestos oficiales de las administraciones públicas se incluya una partida finalista dedicada a financiar el puterío de sus titulares, en lugar de estar incluido en ese concepto ambiguo denominado gastos de representación. Queremos que nuestros munícipes y dirigentes de los partidos políticos, todos ellos financiados con cargo a nuestro bolsillo, acepten únicamente la colaboración profesional de empresas especializadas mediante el preceptivo concurso público, que aparezcan en los boletines oficiales los anuncios de contratación pública para la prestación de estos servicios, siempre necesarios, y se aplique la legislación vigente en materia de contratos del Estado. Que no es por no pagar, insisto, sino por elevar la dignidad de una práctica tan necesaria como vilipendiada a causa del oscurantismo con que se realiza hasta ahora.
Anuncio de contratación pública para la prestación de un servicio de compañía femenina a los participantes en una reunión de trabajo de la concejalía de urbanismo con los aspirantes a la recalificación de la zona 3-A del plan parcial de ordenación urbana. El plazo para presentar plicas será de quince días naturales desde la publicación del presente anuncio. Imprescindible adjuntar a la oferta reportaje fotográfico y currículum profesional del personal de la empresa que prestará el servicio.
De esta forma, los honrados empresarios como Don Vito no tendrían que corromper a los honestos funcionarios públicos o de partido, y de paso se crearía un gran número de puestos de trabajo estable. Que falta nos hace, con la que está cayendo.