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NUEVO LIBRO DEL DIRECTOR DE LA PALESTRA

La COPE: un ejemplo de la persecución política de Zapatero

La llegada al poder de Rodríguez Zapatero supuso –no puede ser una sorpresa para nadie– el encantamiento de la gran mayoría de los medios de comunicación. El triunfo electoral del PSOE en marzo de 2004, en plena efervescencia anti PP, fomentada desde el grupo Prisa, se encontró de bruces con la crítica y con la información de la cadena COPE.

La llegada al poder de Rodríguez Zapatero supuso –no puede ser una sorpresa para nadie– el encantamiento de la gran mayoría de los medios de comunicación. El triunfo electoral del PSOE en marzo de 2004, en plena efervescencia anti PP, fomentada desde el grupo Prisa, se encontró de bruces con la crítica y con la información de la cadena COPE.
Mientras el Partido Popular mantenía una actitud ambigua por lo inesperado de la derrota electoral del 14 de marzo, millones de españoles que se sentían huérfanos y que veían a diario la manipulación del Gobierno Zapatero acudieron a refugiarse a la cadena COPE, como único reducto en el que todavía podían escuchar la verdad de lo sucedido.
 
De ello fueron muy conscientes en La Moncloa, y por ello no tardaron en montar las primeras campañas contra la cadena. Curiosamente, los síntomas iniciales eran bien diferentes. El recién investido presidente del Gobierno acude a la COPE el 11 de mayo de 2004; dos meses después de los atentados de Madrid, Zapatero está en La Mañana de Federico Jiménez Losantos. Según él, como prueba de su deseo de regeneración democrática, aunque, a decir verdad, es evidente que en La Moncloa todavía piensan que tratando bien a los medios críticos pueden tenerlos convenientemente domesticados.
 
La entrevista es correcta y educada, pero la COPE no cae en ningún "encantamiento zapateril". Federico Jiménez Losantos en La Mañana, César Vidal en La Linterna y toda la programación de la emisora, servicios informativos incluidos, mantienen una actitud crítica hacia el poder y ante las evidentes irresponsabilidades y actitudes sectarias del Gobierno de Zapatero.
 
Las primeras pruebas de que el Gobierno está cada vez más molesto por que existan medios de comunicación críticos con su gestión aparecen en la portada del diario El País el 6 de diciembre de 2004. Desde las páginas del buque insignia de Prisa se acusa al Grupo Risa, colaborador habitual de La Mañana de Federico Jiménez Losantos, de tener una página en internet donde aparecen semidesnudas algunas ministras del Gobierno de Zapatero.
 
Aquella portada vino acompañada por la protesta –decían que enérgica– de la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico. Era –como después se demostró– una portada basada en la manipulación, en la mentira y en la mala intención, pues cuando el diario El País publicó esa noticia omitió intencionadamente que un mes antes Mercedes Rico había intercambiado algunas cartas con el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. Ese intercambio epistolar había dejado claro para las dos partes que esa página nada tenía que ver con el Grupo Risa ni con la COPE.
 
Un mes después de la aclaración, el Gobierno vuelve al ataque y filtra de nuevo la noticia al diario El País, para hacer ruido sobre un asunto que era pura mentira. Incluso Mercedes Rico –en una actitud que sólo se entiende desde la caradura– vuelve a protestar, cuando estaba todo aclarado desde hacía semanas, lo que deja al descubierto las verdaderas intenciones de un Gobierno que utiliza sin escrúpulos a los medios de comunicación amigos y que miente sin reservas cuando las necesidades del guión así se lo piden.
 
Nunca, ni el diario El País, ni la directora general para Asuntos Religiosos ni el Gobierno, que utilizó de forma compulsiva esta mentira, han pedido disculpas. Un ejemplo claro de dónde tiene puesto el listón de la honradez este Ejecutivo: en el desván de los recuerdos.
 
Esta historia del Grupo Risa, que, como se demostró de forma inmediata, fue un montaje del Gobierno, sirvió sin duda como aviso de lo que podía llegar, puesto que no parece haber ningún freno para impedir la mentira si ésta puede hacer daño al enemigo. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, con pleno consentimiento, con su absoluto apoyo, ha utilizado y utiliza la mentira siempre que lo necesita. No les importa nada, siempre y cuando piensen que lo que hagan les pueda beneficiar. Y, desde luego, lo que está comprobado es que no aceptan la crítica bajo ningún concepto; ante ella, la reacción es imprevisible.
 
El aviso dado por el Gobierno a la COPE con la falsa polémica del Grupo Risa cobró fuerza después del verano de 2005. En ese momento se iniciaba una auténtica ofensiva por tierra, mar y aire contra la COPE y sus más importantes comunicadores, Federico Jiménez Losantos y César Vidal. Desde el grupo Prisa, desde El Periódico de Catalunya y desde el diario Avui se puso en marcha una permanente campaña de insultos, descalificaciones y mentiras contra la COPE, contra la propiedad de la cadena y contra la misma audiencia de la emisora.
 
José Montilla.Intentaban dividir, pretendían involucrar al episcopado español, y buscaban, como tantas otras veces, mezclar churras con merinas para hacer el mayor daño posible. Los resultados no pueden ser más contrarios a lo esperado, pues la cadena COPE aguanta los embates con una subida de audiencia y con un importante éxito publicitario.
 
A esta campaña iniciada desde el grupo Prisa le faltaba la bendición del Gobierno, y ese beneplácito llegó poco después, el 27 de octubre, en un desayuno informativo del ministro de Industria, José Montilla, durante el cual, sin previo aviso y sin que mediara pregunta alguna, arremetió contra la COPE: "Lanza mensajes que incitan al odio, la división y la confrontación y que sólo hacen sembrar cizaña e ir contra los valores que en teoría defienden los titulares de la cadena".
 
Estas palabras de Montilla, sin duda perfectamente estudiadas y diseñadas, eran el aviso para que la veda se abriera. Y así fue desde todos los medios de comunicación oficiales, por parte de todos los tertulianos cercanos al Gobierno y todos los periodistas que antes de escribir piden permiso a La Moncloa. Se lanzaron contra la COPE sin orden ni concierto. Era el enemigo a batir y, por lo que parece, todo valía. Y, desde luego, más torpes no pudieron ser. Lejos de hacer daño, consiguieron fortalecer a la COPE, convirtiendo a esta cadena en una referencia diaria para todos. Escuchar la COPE era ya una obligación.
 
A la campaña se unieron inmediatamente todo tipo de meritorios, el más surrealista –como tantas otras veces– el democristiano Duran i Lleida, que desde la tribuna del Congreso llegó a llamar "mercenarios" a los trabajadores de la emisora. Desde luego, escuchar esto en un político que se ha ido ofreciendo de ministro a los distintos Gobiernos, ya fueran socialistas o populares, no deja de resultar paradójico.
 
La actitud del Gobierno Zapatero de abrir la temporada contra la COPE produjo un primer efecto al día siguiente de las palabras de Montilla. El 28 de octubre se recibió un aviso de bomba contra la emisora, mientras se emitía el programa de Federico Jiménez Losantos. Durante unos minutos se corta la emisión, el edificio es desalojado y finalmente todo queda en nada. La Mañana vuelve a la antena con Jiménez Losantos, que en ningún momento había abandonado el estudio. Lo cierto es que aquel aviso, más allá de sus efectos concretos, representa una actitud avalada por Zapatero: todo vale contra la COPE.
 
En plena campaña contra la COPE y poco antes de Navidad se produjo otro episodio que el Gobierno utilizó con la mala intención habitual hacia aquellos que ejercen su libertad de expresión. El miércoles 21 de diciembre el Grupo Risa emite una entrevista con el presidente electo de Bolivia, Evo Morales. En esa entrevista Morales cuenta cómo el Gobierno Zapatero le había prometido un trato preferente si ganaba las elecciones.
 
La entrevista es emitida en La Mañana, explicándose el contexto y recordándose que este tipo de bromas se habían realizado en muchas ocasiones con otros mandatarios. El Gobierno reacciona de forma furibunda. Piensa que puede hacer daño a la COPE y utiliza toda su artillería. Sin embargo, saben que no hay ninguna ilegalidad en esa entrevista –así lo reconoce Fernando Moraleda en los pasillos del Congreso–, pero están muy enfadados por el ridículo que han hecho.
 
Evo Morales.La noche anterior se había convocado en La Moncloa un gabinete de crisis con la vicepresidenta De la Vega, el ministro Moratinos y el secretario de Estado, Moraleda. Evo Morales, la tarde del martes, en La Paz, comentó durante una rueda de prensa que Zapatero le había telefoneado para felicitarle. En La Moncloa, asustados, sabían que eso no era cierto. El gabinete de crisis baraja varias hipótesis sobre el origen de esa llamada y finalmente piensa que puede ser cosa de los servicios secretos de Estados Unidos, que quieren bloquear la presencia empresarial española en Bolivia. Moratinos se compromete a iniciar una investigación a la mañana siguiente, pero el miércoles por la mañana toda conspiración se desvanece, al escucharse en la COPE la entrevista con Morales.
 
Desde La Moncloa se ponen en marcha todos los recursos. Quieren hacer daño a la COPE como sea, aunque ciertamente no lo consiguen; al fin y al cabo estamos hablando de una broma, y aunque mueven y remueven todos los circuitos políticos y diplomáticos, al final todo queda en una anécdota, con disculpas incluidas de la cadena, pero sin más trascendencia real.
 
De todos modos la campaña contra la COPE se generaliza desde todos los estamentos. Uno de los que tiene mayor protagonismo es el CAC, o Consejo Audiovisual de Cataluña, una especie de "comisariado mediático" cuyo único objetivo es controlar y amedrentar a aquellos medios de comunicación críticos con el poder constituido, en este caso con el Tripartito catalán.
 
En este sentido, el CAC sabe lo que es trabajar contra la COPE, con amenazas permanentes y la supresión de las concesiones de frecuencias en Cataluña. Sin embargo, esta directriz política –muy a su pesar– se encuentra con un cambio de timón: el 29 de noviembre el Tribunal Supremo da la razón a la COPE en un viejo contencioso con la Generalidad de Pujol, y la sentencia indica que la emisora tiene todo el derecho a emitir en Barcelona en FM.
 
Esa sentencia, que se ha confirmado para el resto de frecuencias de la cadena en Cataluña, para los pies en seco al CAC en su objetivo de acabar con la COPE en la comunidad autónoma catalana. Aun así, desde el "comisariado mediático" no se quiere aceptar la realidad, y el 22 de diciembre emite un informe sobre la COPE en el que se dice que la emisora está vulnerando los derechos constitucionales de libertad de expresión y que, por lo tanto, si mantiene esa actitud, se podría llegar a cerrar en Cataluña.
 
Aquel informe, que no era más que humo, pretendía aplicar una actitud antidemocrática donde las haya, con el objetivo de cerrar los medios de comunicación molestos para el poder de turno.
 
Las actitudes dictatoriales del CAC quedaron amortiguadas pocos días antes, cuando el eurodiputado Luis Herrero anuncia en La Mañana su intención de llevar un escrito, junto con ocho periodistas más, al Parlamento Europeo para denunciar el atropello a la libertad de expresión que se está llevando a cabo en Cataluña con la COPE, pidiendo amparo y defensa de esa libertad ante la evidente intención del Gobierno Zapatero –con todos los instrumentos a su alcance– de acabar con la COPE por ser una voz crítica y de libertad.
 
El 29 de noviembre de 2005 se anuncia esta medida, y al día siguiente se pone en marcha. La respuesta es impresionante. En pocas semanas se alcanzan las 700.000 firmas de apoyo, recibidas desde todos los puntos de España, de gente de lo más dispar. Muchos aguantan largas colas bajo el frío y la lluvia, todos buscando solamente que el poder político no apague la voz de la libertad.
 
Pero incluso ante este clamor general intentaron sacar la cabeza los que no entienden de libertad. El 30 de noviembre por la mañana un grupo de cinco militantes de ERC, acompañados por dos diputados –Joan Tardà y Joan Puig– conocidos por su inoperancia parlamentaria y por su activismo callejero, especialmente en el asalto de piscinas como la de Pedro J. Ramírez, se encadenan a la fachada de la COPE en Madrid. Piden el cierre de "la cadena del odio", uno de los lemas más utilizados por los radicales e independentistas contra la COPE. En realidad, una clara muestra de su intransigencia y su incapacidad por entender la libertad de expresión.
 
A la media hora la policía los desaloja, pero inmediatamente son acogidos en los despachos de ERC en el viejo caserón de la Carrera de San Jerónimo, rompiendo así todos los protocolos de seguridad del Congreso de los Diputados. El presidente de la Cámara, Manuel Marín, no hace nada por impedirlo, tampoco lo condena. Pero lo peor es que el presidente del Gobierno esquiva también cualquier condena al asalto de la COPE, incluso cuando aquella misma tarde fue preguntado en el Congreso, en la sesión de control, por Mariano Rajoy. Por el contrario, Zapatero defiende la actitud de los dos diputados de ERC, en un gesto claramente deplorable de un presidente del Gobierno que no esconde su sectarismo ni su desprecio hacia los que no piensan como él.
 
A pesar de la mezquindad y del partidismo, la respuesta multitudinaria, sin precedentes y sobrecogedora, de la audiencia de la COPE ante la persecución política marca un antes y un después. Nunca se produjo una respuesta tan rápida y clara de 700.000 oyentes para defender una emisora de radio. Ni el Gobierno de Zapatero, ni el Tripartito catalán, ni el comisariado del CAC ni el líder de la exigua Unió Democràtica, Duran i Lleida, habían pensado que la contestación popular iba a ser tan importante.
 
Esta actitud de miles y miles de personas ha hecho al Gobierno, al menos por ahora, cambiar la estrategia. Por el momento no se vislumbra cuál va a ser la próxima maniobra, pero, desde luego, quietos no se van a estar. Y mientras tanto, los medios de comunicación del PSOE y todos sus creadores de opinión siguen sembrando de mentiras el día a día de la COPE. Siembran sin ninguna esperanza, puesto que su único objetivo es demoler la libertad de expresión, una meta que, de ser alcanzada, representaría destruir la democracia.
 
 
Este texto es un fragmento del capítulo 4 de ZAPATERO: EL EFECTO PINOCHO (La Esfera), el nuevo libro de IGNACIO VILLA.
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