Por el contrario, ambas circunstancias crearon en ellos la convicción de que eran extraordinariamente fuertes para acabar con el parlamentarismo y de que éste, sin embargo, era débil y, por lo tanto, fácil de aniquilar. Para ello, la batalla no debía librarse en un Parlamento fruto de unas urnas que no iban a dar el poder a las izquierdas, porque éstas carecían del suficiente respaldo popular, sino en la calle, erosionando un sistema que, tarde o temprano, se desplomaría. En otras palabras, las fuerzas republicanas no creían en una conquista democrática del poder, sino en una visión golpista –calificada eufemísticamente de revolucionaria– que colocara los resortes de la política nacional en sus manos.
No podemos detenernos en examinar meticulosamente los últimos años de la Monarquía parlamentaria. Sin embargo, debe señalarse que el análisis llevado a cabo por los miembros de la visión antisistema republicana pareció verse confirmado por los hechos. Hasta 1923 todos los intentos del sistema parlamentario de llevar a cabo las reformas que necesitaba la nación se vieron bloqueados en la calle por la acción de republicanos, socialistas, anarquistas y nacionalistas, que no llegaron a plantear en ninguno de los casos una alternativa política realista y coherente: sólo se dedicaron a desacreditar la Monarquía constitucional y apuntar a un futuro que sería luminoso, simplemente, porque en él se daría la república, la dictadura del proletariado o la independencia de Cataluña.
La dictadura de Primo de Rivera (1923-30) –un intento de atajar los problemas de la nación partiendo de una idea concebida sobre la base de una magistratura de la antigua Roma– fue simplemente un paréntesis en el proceso revolucionario. De hecho, durante la misma la represión se dirigió contra los anarquistas, pero el PSOE y la UGT fueron tratados con enorme benevolencia –siguiendo la política de Bismarck con el SPD alemán–, y Largo Caballero, que fue consejero de Estado, y otros veteranos socialistas llegaron a ocupar puestos de considerable relevancia en la Administración. A pesar de todo, el final de la década vino marcado por la concreción de un sistema conspirativo republicano que, a pesar de su base social minoritaria, acabaría teniendo éxito.
Desde febrero a junio de 1930, conocidas figuras hasta entonces identificadas con la Monarquía parlamentaria, como Miguel Maura Gamazo, José Sánchez Guerra, Niceto Alcalá Zamora, Ángel Ossorio y Gallardo y Manuel Azaña, abandonaron su defensa para pasarse al republicanismo y, de manera apenas oculta, al golpismo. Finalmente, en el verano de 1930 se concluyó el Pacto de San Sebastián, donde se fraguó un comité conspiratorio oficial destinado a acabar con la Monarquía parlamentaria y sustituirla por una república. La importancia de este paso puede juzgarse por el hecho de que los que participaron en la reunión del 17 de agosto de 1930 –Lerroux, Azaña, Domingo, Alcalá Zamora, Miguel Maura, Carrasco Formiguera, Mallol, Ayguades, Casares Quiroga, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos...– se convertirían unos meses después en el primer Gobierno provisional de la República.
La conspiración republicana comenzaría a actuar desde Madrid, a partir del mes siguiente, en torno a un comité revolucionario presidido por Alcalá Zamora, un conjunto de militares golpistas y prorrepublicanos (López Ochoa, Batet, Riquelme, Fermín Galán...) y un grupo de estudiantes de la FUE capitaneados por Graco Marsá. Por si fuera poco –y como había sucedido en las décadas anteriores–, la masonería prestó su ayuda con enorme entusiasmo, convencida de que tenía al alcance de la mano la posibilidad de crear un régimen a hechura suya.
Con todo, debe señalarse que el movimiento republicano quedaba reducido a minorías, ya que incluso la suma de afiliados de los sindicatos UGT y CNT apenas representaba al 20 por ciento de los trabajadores y el PCE, nacido unos años atrás de una escisión del PSOE, era minúsculo. En un triste precedente de acontecimientos futuros, el comité republicano fijó la fecha del 15 de diciembre de 1930 para dar un golpe militar que derribara la Monarquía e implantara la República.
Resulta difícil creer que el golpe hubiera podido triunfar, pero el hecho de que los oficiales Fermín Galán y Ángel García Hernández decidieran adelantarlo al 12 de diciembre, sublevando a la guarnición militar de Jaca, tuvo como consecuencia inmediata que pudiera ser abortado por el Gobierno.
Juzgados en consejo de guerra y condenados a muerte, el Gobierno acordó no solicitar el indulto de los golpistas, y el día 14 Galán y García Hernández fueron fusilados. El intento de sublevación militar republicana llevado a cabo el día 15 en Cuatro Vientos por Queipo de Llano y Ramón Franco no cambió en absoluto la situación. Por su parte, los miembros del comité conspiratorio huyeron (Indalecio Prieto), fueron detenidos (Largo Caballero) o se escondieron (Lerroux, Azaña).En aquellos momentos el sistema parlamentario podría haber desarticulado con relativa facilidad el movimiento golpista formado por los republicanos, mediante el sencillo expediente de exponer ante la opinión pública su verdadera naturaleza a la vez que procedía a juzgar a una serie de personajes que, en román paladino, habían intentado derrocar el orden constitucional mediante la violencia armada de un golpe de Estado.
No lo hizo. Por el contrario, la clase política de la Monarquía constitucional quiso optar precisamente por el diálogo con los que deseaban su fin. Buen ejemplo de ello es que, cuando Sánchez Guerra recibió del rey Alfonso XIII la oferta de constituir Gobierno, lo primero que hizo aquél fue personarse en la cárcel Modelo para ofrecer a los miembros del comité revolucionario encarcelados sendas carteras ministeriales.
Con todo, como confesaría Azaña en sus memorias, la República parecía una posibilidad ignota. El que se convirtiera en realidad se iba a deber no a la voluntad popular, sino a una curiosa mezcla de miedo y de falta de información. La ocasión sería la celebración de unas elecciones municipales en abril de 1931. Tras las mismas, los republicanos –que perdieron clamorosamente–, de manera antidemocrática lograron provocar un cambio de régimen.
Y es que los republicanos españoles no eran demócratas sino antisistema, utópicos, seres convencidos de que gozaban de una legitimidad derivada de su superioridad moral y política. Ese sentimiento de hiperlegitimidad les permitía, a su juicio, derrocar un sistema parlamentario y sustituirlo por otro que abriera el camino a sus respectivas utopías. Su carencia de convicción democrática y sus objetivos incompatibles explican sobradamente las terribles convulsiones y el fracaso final de la II República.