La I República fue un episodio efímero y profundamente lamentable de la historia española del siglo XIX. Durante su breve duración no sólo los escasos republicanos fueron incapaces de articular un sistema político viable, sino que además la nación se vio amenazada por la posibilidad de verse desintegrada en episodios como el del cantón de Cartagena, incluso estuvo a punto de degenerar en una dictadura armada bajo Castelar.
El fracaso republicano –que, a su vez, había sido precedido por otro fiasco monárquico en la persona de Amadeo de Saboya– acabó desembocando en una restauración borbónica. El sistema creado entonces pretendía copiar el que existía en Gran Bretaña, y en buena medida lo consiguió. Dos partidos, liberal y conservador, se alternaron en el poder mientras la nación intentaba modernizarse y superar las secuelas de la invasión francesa de 1808-13 y de las convulsiones decimonónicas.
El alcanzar esa meta se vio obstaculizado por un conjunto de fuerzas antisistema dotadas de una ideología utópica. A pesar de sus enormes diferencias, todas ellas compartían un feroz antiparlamentarismo, una clara oposición a la monarquía, un carácter muy minoritario y una muy reciente aparición en la historia. No otro sería el carácter de los nacionalistas catalanes y después vascos, de los socialistas y los anarquistas, y, por supuesto, de los diversos grupúsculos republicanos.
A inicios del siglo XX el peso social de todas estas fuerzas era reducido, pero, a pesar de todo, tenían la resolución de aniquilar el sistema constitucional y sustituirlo por sus respectivas utopías, utopías que iban de la dictadura del proletariado socialista al jacobinismo republicano, pasando por la independencia de regiones españolas en un régimen idealizado.
Partiendo de esa base, las fuerzas antisistema de carácter republicano pensaron ya desde esa época en una toma del poder no democrática sino apoyada en el ejército, en la subversión de la calle y en la agitación mediática, que les permitiera acabar con la monarquía y abrir cauce hacia sus bien poco compatibles metas. Una clara manifestación de esa visión política fue la denominada "revolución de 1917". Su origen puede retrotraerse al acuerdo de acción conjunta que la UGT socialista y la CNT anarquista habían concluido a mediados de 1916. El 20 de noviembre ambas organizaciones suscribieron un pacto de alianza que se tradujo, el 18 de diciembre, en un pacto para ir a la huelga general. La misma tuvo lugar, pero no logró obligar al conde de Romanones, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, a aceptar sus puntos de vista. La reacción de ambos sindicatos fue celebrar una nueva reunión, el 27 de marzo de 1917 en Madrid, donde se acordó la publicación de un manifiesto conjunto.
Lo que iba a producirse entonces iba a ser una dramática conjunción de acontecimientos que, por un lado, se manifestó en la imposibilidad del Gobierno de controlar la situación y, por otro, en la unión de una serie de fuerzas decididas a rebasar el sistema constitucional sin ningún género de escrúpulo legal. Así, a la alianza socialista-anarquista se sumaron las Juntas Militares de Defensa –la inevitable conexión militar–, creadas por los militares a finales de 1916 con la finalidad de conseguir determinadas mejoras de carácter profesional, y los catalanistas de Cambó que no estaban dispuestos a permitir que el Gobierno sacara adelante un proyecto de ley que, defendido por Santiago Alba, ministro de Hacienda, pretendía gravar los beneficios extraordinarios de guerra.
Frente a la alianza anarquista-socialista, con apoyo militar y catalanista, la reacción del Gobierno, presidido por Romanones –que temía un estallido revolucionario, que conocía los antecedentes violentos de ambos colectivos y que ya tenía noticias de la manera en que el zar había sido derrocado en Rusia–, fue suspender las garantías constitucionales, cerrar algunos centros obreros y proceder a la detención de los firmantes del manifiesto.
Seguramente, el Gobierno había actuado con sensatez, pero esta acción, unida a la imposibilidad de imponer el proyecto de Alba, derivó en una crisis que concluyó en la dimisión de Romanones y de su gabinete.
El propósito del catalanista Cambó consistía no sólo en defender los intereses de la alta burguesía catalana, también en articular una alianza con partidos vascos y valencianos de tal manera que todo el sistema político constitucional saltara por los aires. En mayo, la acción de las Juntas de Defensa contribuyó enormemente a facilitar los proyectos de Cambó. A finales del citado mes el Gobierno, presidido ahora por García Prieto, decidió detener y encarcelar a la Junta Central de los militares, que no sólo buscaba mejoras económicas, también reformas concretas. Las juntas de jefes y oficiales respondieron a la acción del Gobierno con un manifiesto que significó el regreso a una situación aparentemente liquidada por el sistema constitucional de la Restauración: la participación del poder militar en la vida política. El Gobierno de García Prieto no se sintió con fuerza suficiente como para hacer frente a los militares y optó por la dimisión.
Un nuevo Gobierno conservador, basado en Dato y Sánchez Guerra, aprobó el reglamento de las Juntas Militares y puso en libertad a la Junta Central. La consecuencia inmediata fue que no pocos llegaran a la conclusión de que el sistema era incapaz de mantenerse en pie, que había llegado a tal grado de descomposición que aquellos que debían defenderlo de la subversión no habían dudado en utilizar el rebasamiento de la legalidad que caracterizaba a los movimientos anarquista y socialista.
El hecho de que las Juntas de Defensa parecieran estar en condiciones de poner en jaque el aparato del Estado llevó a Cambó a reunir una asamblea de parlamentarios en Barcelona bajo la presidencia de su partido, la Liga catalanista. Su intención era valerse de las fuerzas antisistema para forzar a una convocatoria de cortes que se tradujera en la redacción de una nueva Constitución.
El canto de muertos del sistema constitucional parecía inevitable y era entonado por todos sus enemigos: catalanistas, anarquistas, republicanos y socialistas. En el caso de estos últimos, se aceptó la participación en el Gobierno con la finalidad expresa de acabar con la monarquía, liquidar la influencia del catolicismo en la política nacional y eliminar a los partidos constitucionales de la vida política. Además, para desencadenar la revolución, los socialistas llegaron a un acuerdo con los anarquistas que se tradujo en la división del país en tres regiones.
Sin embargo, incluso dada la creciente debilidad del sistema parlamentario, pronto iba a quedar claro que sus enemigos –a pesar de su insistencia en que representaban la voluntad del pueblo– carecían del respaldo popular suficiente para liquidarlo. El 19 de julio tuvo lugar la disolución de la asamblea de parlamentarios. Sólo en Asturias consiguieron los revolucionarios prolongar durante algún tiempo la resistencia, pero la suerte estaba echada. Mientras el comité de huelga –Saborit, Besteiro, Largo Caballero y Anguiano– era detenido, algunos dirigentes republicanos, como Lerroux, se escondían o ponían tierra de por medio. Mientras tanto, los catalanistas de Cambó habían reculado cínicamente. Estaban dispuestos a liquidar el sistema constitucional pero temían una revolución obrera, de manera que rehusaron apoyar a socialistas y anarquistas y, posteriormente, condenarían aquellas acciones.
La reacción no resulta tan extraña si se tiene en cuenta que los socialistas habían trasladado alijos de armas y municiones –"Yo transporté armas y municiones en Bilbao, yo personalmente", diría Indalecio Prieto poco después en las Cortes– con la intención de apoyar la revolución con las bocas de los fusiles. No iba a ser, por otra parte, la última vez que lo harían para derrocar un Gobierno legítimamente nacido de las urnas.
A pesar de todo, el castigo de la fracasada revolución no resultó riguroso, incluso se produjo una campaña a favor de la amnistía de los revolucionarios y, en noviembre de 1917, fueron elegidos concejales de Madrid los cuatro miembros del comité de huelga. Se trataba de una utilización del sistema constitucional para burlar la acción de la justicia que volvería a repetirse en febrero de 1918, cuando fueron elegidos diputados Indalecio Prieto (por Bilbao), Besteiro (por Madrid), Anguiano (por Valencia), Saborit (por Asturias) y Largo Caballero (por Barcelona).