Con leyes ambiguas, obsoletas, algunas de clara inspiración franquista, o del tipo "mordaza", que amenazan la libertad de información y expresión, que con frecuencia deben ser no ya aplicadas, que sería lo justo, sino "interpretadas" por los jueces, con lo que es difícil mantenerse en el recto cumplimiento de normas que no se entienden y que a magistrados distintos les dicen cosas diferentes.
Por otro lado, la hipocresía social, que en lo profundo apenas vela por la educación y atención del menor y produce legiones de pequeños delincuentes, se escandaliza luego, como si los niños fueran de cristal, ante la menor aplicación de autoridad o disciplina.
En este mundo lleno de trampas y mentiras hay que decir en seguida que el único que es de cristal es el Licenciado Vidriera. Por lo demás, en un tribunal de Barcelona, últimamente célebre por sus resoluciones judiciales, han obligado a cuatro niñas de once años a declarar frente a su presunto agresor sexual, que fuera profesor de kárate, en medio de protestas farisaicas.
Lo que se juzga es la denuncia de abusos sexuales por parte del profesor durante los días de clase a la pequeñas, a las que supuestamente efectuaba tocamientos indebidos, por los que se enfrenta a una petición de más de veinte años de prisión. No sé en este punto si la solicitud de pena desproporcionada se debe al intrínseco convencimiento de que no se cumplirá –ni siquiera la mitad–, porque esa cantidad enorme de años de castigo se debe imponer sólo a quien mata con alevosía y en casos excepcionales.
Así las cosas, se debe valorar los informes de los psicólogos –profesión que, como todos recuerdan, no está reconocida como sanitaria por un gobierno que lo prometió cuando estaba en la oposición–, cuando resulta imprescindible que las niñas declaren delante del acusado, para que se pueda conocer tanto la contundencia de la acusación como la firmeza de la denuncia. El profesor siempre ha negado los hechos, y por lo tanto habrá que combatir la preceptiva presunción de inocencia con la carga de la prueba.
En un mundo en que el alcalde de Madrid se plantea repartir la píldora poscoital a las niñas de diez años, autorizadas a presentarse solas en el centro médico sin que haya obligación de informar a los padres de que pueden haber quedado embarazadas, en que el Código Penal vigente permite que niños y niñas de trece años puedan mantener relaciones sexuales consentidas con adultos sin que los padres puedan intervenir, parece desproporcionada una escandalera porque niñas agraviadas deban deponer delante del tribunal. Además, lo hacen a puerta cerrada.¿No supone acaso la sociedad que los tiernos infantes están inmersos en el ejercicio de un sexo febril y a calzón quitado? ¿Cómo, si no, lo plantea en la ley para los de trece años, y hay municipios que facilitan la píldora abortiva desde los diez?
Es cierto que una de las cuatro niñas sufrió, al parecer, un ataque de nervios ante la posibilidad de ver de nuevo al profesor de kárate. En ese caso, el tribunal debe tomar la decisión pertinente, a fin de no provocar daños a la menor especialmente afectada; cosa que, por otro lado, el abogado defensor duda fehacientemente. Aunque también debe velarse por los derechos inalienables del justiciable.
Imaginen por un momento que la abominable acusación no fuera cierta, o que no hubiera modo de probarla y el presunto "monstruo sexual" –no ha habido heridas, ni violencia sádica, que se sepa– fuera inocente, como debemos presuponer hasta que la sentencia diga lo contrario. Entonces estaríamos dando fundamento a que simples insidias, posibles conspiraciones de colegio o valoraciones irresponsables de una conducta inconveniente puedan arruinar la vida de un ser humano. Justicia dura y consecuente, desde luego, pero con las debidas cautelas.
Una vez hemos huido convenientemente de los beatos de la sociedad laica que consideran más grave el que se llame a declarar a una pequeña que el que anden sueltos los violadores o el que se obvie el indudable crecimiento de la delincuencia sexual contra las mujeres, digamos que lo importante es que se establezca la verdad, sin daño para los testigos. Las niñas ya habían declarado, incluso en una comparecencia grabada en video, por lo que podría ser suficiente. Ahora bien, proteger lo indispensable para una adecuada "formación de la convicción" y dictar una sentencia justa, así como "mantener el principio de contradicción", es esencial.