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CRÓNICA NEGRO

¡De la mano!

El juez Palop tiene el juzgado a reventar de sentencias por ejecutar, pero lo peor es que observa perplejo, según confesión propia, cómo las parejas afectadas por una orden de alejamiento se presentan de la mano en su despacho para pedirle que la deje sin efecto. ¡De la mano, sí!

El juez Palop tiene el juzgado a reventar de sentencias por ejecutar, pero lo peor es que observa perplejo, según confesión propia, cómo las parejas afectadas por una orden de alejamiento se presentan de la mano en su despacho para pedirle que la deje sin efecto. ¡De la mano, sí!
Prácticamente cada semana cae un par de mujeres, estranguladas, acuchilladas, muertas a golpes. Atropelladas o quemadas vivas. Por otro lado, tenemos una ley colapsada en los juzgados, mal enfocada y que encima transgrede los límites de la esfera personal, que penetra en el ámbito más íntimo sin permiso ni prudencia.
 
La Ley Contra la Violencia de Género ni detiene ni contiene la hemorragia de muertes, pero sí hace aún más insoportable su infierno particular a las parejas que se pelean, discuten y luego se reconcilian. ¿Qué derecho tiene la ley a defender a las víctimas incluso contra su propia voluntad? El derecho de Gran Hermano, la venganza del mundo orwelliano.
 
Una vez dictada una orden de alejamiento –elemento que, como se comprueba vez tras vez, no sirve para acabar con las consecuencias más perniciosas del machismo irredento–, no hay manera de retirarla hasta que no caduque. El juez Palop no puede, pues, hacer nada, y las parejas tienen que vivir separadas aunque el cuerpo les pida lo contrario. Y, claro, se saltan la ley. Aunque les cueste la vida.
 
Tiene narices que los políticos hayan sido votados pese a que no apostaron por la seguridad, el bienestar y la garantía de la integridad física y la vida. No hubo debate en la tele entre los líderes, parece que la seguridad se daba por descontada. Pero miren a su alrededor: siguen cayendo mujeres, los niños desaparecidos no aparecen, los pederastas campan por sus respetos, los ajustes de cuentas nos traen recuerdos del Chicaco de los años 30.
 
La seguridad no es materia de discusión en la tele, de la que han desaparecido los programas de sucesos. De los crímenes sólo se da sucinta cuenta entre la frivolidad del corazón y el optimismo del deporte. "¡Vamos a algo menos triste…!", suele decir la reina del magacín cuando cambia de tercio. Se trata de enmascarar la realidad cotidiana, la inseguridad creciente. Es algo propio de las sociedades felices a la fuerza, donde los grandes ladrones acaban saliendo en los programas del corazón más por sus amores que por sus robos.
 
El Gobierno promete cosas a Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, pero al día siguiente no pasa, no cambia, nada. El ministro del Interior es el mismo que en la legislatura pasada, cuando aumentaron espectacularmente las desapariciones sin resolver de niños y los asesinatos espectaculares. Es un ministro muy político, pero a la calle, a la seguridad de la calle, no parece sentarle nada bien.
 
Nos hemos acostumbrado a que las jóvenes se hagan humo al salir de casa y aparezcan, como hemos visto en Pilar de la Horadada (Alicante), en una balsa de agua de riego. En este caso la víctima, de 19 años, estaba atada de pies y manos con el cordón de unas botas. Se busca al novio, de origen ecuatoriano; pero, sea quien sea el agresor, no parece haber sentido miedo alguno a la ley, ni experimentado la reconvención social hasta el punto de entregarse o arrepentirse.
 
La lucha contra la llamada violencia de género no va en buena dirección porque no hay una comprensión efectiva de la delincuencia ligada a ella. Si se ignora la delincuencia, sus modos y propósitos, lo normal es que se den palos de ciego. Para empezar, cabe decir que considerar la violencia de género un fenómeno social es como dar a la ETA consideración de fuerza política. Son éstos dos errores que han cometido políticos que siguen en activo y a los que no se les piden cuentas.
 
Asimismo, hay que difundir lo más posible el mensaje de que los maltratadores no tienen derecho a vivir en sociedad, de que serán castigados, señalados con el dedo, colocados fuera de la normalidad democrática y civil.
 
Un maltratador no tiene miedo a la ley, pero sí al rechazo de sus vecinos, de sus familiares, de sus amigos. Pero nada se dice en las teles públicas, porque la izquierda gobernante (especialmente, pero no sólo ella) tiene el prejuicio supersticioso de que hablar del crimen equivale a invitar a cometerlo. Una cosa franquista, de cuando El Caso no podía publicar dos asuntos de sangre en la misma semana. La dictadura no lo permitía. Pese a su estulticia, ha logrado transmitir sus genes; así que tenemos demócratas que ocultan la verdad para combatirla.
 
Es cierto que se dan las noticias de las muertes; incluso los presentadores ponen mala cara cuando les toca hacerlo, pero enseguida se pasa a otra cosa. La última cifra de consenso, aunque no la real, es que en lo que va de año han sido asesinadas por lo menos 25 mujeres.
 
El Gobierno busca una manera de dar satisfacción al padre de Mari Luz, en el que ha encontrado un hueso duro de roer, pero guarda silencio respecto a todos los otros casos de malos tratos, desapariciones, asesinatos.
 
Por último, volvamos al caso de las parejas que quieren y no pueden volver a estar juntas. Está por ver que se cumpla lo escrito y se intente hacer pagar a una víctima de la violencia de género el delito de volver con su maltratador. Estamos ante una norma hecha para marcianos. Pero el Gobierno sigue decidido a sostenella y no enmendalla. Total, le votan lo suficiente...
 
 
FRANCISCO PÉREZ ABELLÁN, presentador del programa de LIBERTAD DIGITAL TV CASO ABIERTO.
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