Los agentes de homicidios, con la colaboración de las comisarías generales, lograron reconstruir las últimas horas de la víctima y su mundo de relaciones. Finalmente descubrieron que había sido asesinada. Posiblemente a golpes, puesto que los huesos del esqueleto reconstruido mostraban signos inequívocos de violencia; en especial, por las fracturas de las costillas y el cráneo.
La mujer había sido emparedada en un subterráneo bajo la lavandería. El cuerpo fue hallado replegado sobre sí mismo, encogido, probablemente de forma violenta. Se trataba de María Dolores Santiago, que trabajaba en la misma lavandería del hotel. La investigación logró establecer el posible móvil, que incluiría este asunto en la moderna concepción de violencia de género.
Según la conclusión policial, que manejó el listado de los 294 empleados que había entonces en el establecimiento, que ahora ha cambiado de nombre, la desaparecida mantenía una relación sentimental con un hombre casado que la atacó cuando le comunicó su decisión de romper lo suyo, lo que formaliza todo un cliché de este tipo de delitos. Al parecer, desde hacía bastante tiempo ella insistía al hombre, sensiblemente más joven, para que abandonara su hogar y formalizara su historia. Al poner en la disyuntiva al varón estalló, como sucede tantas veces, la tragedia.
La habilidad del presunto asesino fue tanta que logró ocultar el cadáver, hacer pasar la desaparición como una ausencia voluntaria y que se olvidara el caso durante casi tres décadas. La acción que ha puesto el misterio al descubierto muestra a las claras la alta capacitación técnica de nuestra policía, que no me canso de elogiar, y su voluntad de entrega.
Estos asuntos, ahora que se dispone de una batería de posibilidades técnicas, pueden convertirse en mucho más frecuentes y, por tanto, sacar a la luz el debate sobre la conveniencia de que en nuestro ordenamiento jurídico los crímenes de sangre prescriban a los veinte años.
Se ha logrado la resolución del enigma y el hallazgo del presunto culpable, pero penalmente la acusación ha prescrito hace cuatro años, según los cálculos efectuados. Eso indica que, aunque se demuestre totalmente la autoría del sospechoso, no irá a la cárcel. Sin embargo, queda abierta la vía civil, y parece que la familia de la víctima, convencida de que las conclusiones de la investigación son correctas, va a iniciar el proceso, que desean llevar hasta el reconocimiento de los hechos y la imposición de una compensación por el asesinato.La resolución de un crimen de estas características indica la magnífica disposición de los investigadores españoles, que establecen una buena marca, única en los tiempos del ADN, la balística evolucionada, el luminol y las pruebas químicas. No obstante, para la historia del crimen que conocemos, el récord lo sigue ostentando otra parte muy importante de nuestras fuerzas de seguridad: la Guardia Civil, puesto que un cabo de la Benemérita fue capaz de resolver un asunto 33 años después, y a puro huevo, sin técnica sofisticada, bastoncillo ni CSI alguno; únicamente con olfato de investigador, capacidad deductiva e incansable disposición de servicio a la patria.
Queda, pues, acreditado el potencial casi insuperable de los servidores de la ley para enfrentarse a los criminales más hábiles o sofisticados; otra cosa muy distinta es la conveniencia o no de que la ley siga marcando los mismos tramos de prescripción. En Inglaterra, por ejemplo, los asesinatos no prescriben. En nuestro país tampoco: en las conciencias de los afectados. Entonces, si llegamos a la conclusión de que los españoles no están por perdonar a los asesinos, ni siquiera veinte años después, ¿por qué la ley los exculpa?
Es una de tantas cosas que deben ser revisadas. Un día nos enteramos de la posibilidad de condena a indemnizaciones judiciales millonarias y caprichosas, especialmente a periodistas, cuando la Constitución prohíbe expresamente la arbitrariedad a los poderes públicos, sin que nadie parezca darse cuenta; otro, que la Ley del Menor no se compadece con las muchas cosas que se permite hacer legalmente a los menores, a los que, es un hecho, se trata como a mayores cuando interesa. Y todo eso nos asombra y nos indica que hay que vigilar con cuidado la administración de justicia, la aplicación de leyes y el respeto a la Carta Magna. Pero cuando se habla de homicidios entramos en los aspectos de mayor consideración.
Los delitos de sangre producen pérdidas irreparables y amenazan la seguridad de todos, y la impunidad de los delincuentes lleva a que se tambalee la confianza en la organización política y social.
En un asunto tan complejo, resuelto brillantemente, como éste de Mallorca, que de confirmarse habrá de ponerse de ejemplo en academias y universidades, queda palpitante el hecho incontrovertible de que, cuando hay un asesino capaz de engañar a todos y esconder un cadáver de forma tal que no sea hallado durante más de veinte años, se le premia dejándole sin castigo.